Un nuevo estatus para el Museo de Bellas Artes de Valencia

Recientemente la diputada Beatriz Rodríguez, portavoz de cultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, reclamaba un nuevo estatuto jurídico para el Museo Reina Sofía, ante su difícil gestión económica y el cambio de rumbo que parece operarse en su planteamiento museológico. La actitud de esta diputada popular contrasta con la de sus correligionarios valencianos, que son incapaces de tomar la iniciativa por lo que respecta a la anacrónica situación jurídica del Museo de Bellas Artes de Valencia, varado por la inoperancia administrativa del descapitalizado convenio Estado-Generalitat de 1984.

La categoría de instituto, fundación o consorcio para el Museo de Bellas Artes de Valencia es la única solución posible para tener una administración ágil, autosuficiente y moderna, capaz de atraer ingresos del sector privado como llevan a cabo eficientemente los grandes museos de nuestro entorno, que hace ya más de una década que abordaron su reforma administrativa con excelentes resultados económicos. El mecenazgo a través de miembros corporativos o patronos contribuye de forma significativa al desarrollo del museo y sus actividades, suponiendo para las empresas un prestigio de su imagen comercial y una importante desgravación fiscal. Arquetípico es el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao -establecido como fundación- el cual tiene como patronos a empresas tales como El Corte Inglés, BBVA, Iberdrola o DEIA, que aportan 60.000 euros anuales por entidad. Asimismo, se ofrecen otras modalidades de contribución económica de menor cuantía a través de las categorías de empresa colaboradora y empresa amiga.

Todavía es más atractivo el caso del Museu Nacional d'Art de Catalunya -configurado como un consorcio tripartito- donde además de la notable aportación de los patronos, entre los que destacan el Grupo Santander, Telefónica, RTVE, Gas Natural o FCC, se suma la significativa aportación de la Administración General del Estado que asume el 29% del presupuesto anual. Alguien debería dar explicaciones de por qué el Ministerio de Cultura no aporta ni un solo céntimo al presupuesto anual del Museo de Bellas Artes de Valencia, cuando la titularidad, el edificio y una buena parte de las colecciones son del Estado, circunstancia que no concurre en el MNAC de Barcelona, propiedad conjunta y exclusiva de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Cabría preguntarse dónde están esas voces crispadas que desde el supuesto "valencianismo" defienden nuestros intereses, siempre ninguneados desde la administración central, independientemente de que partido político se encuentre en el poder.

Preocupantes son los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, donde apenas se consignan 0,5 millones de euros para la V fase de ampliación del Museo -que afectará al edificio histórico proyectado por el arquitecto barroco Juan Pérez Castiel- por lo que previsiblemente todo el conjunto museológico estará finalizado, si no hay más dilaciones, a finales del año 2009, veintitrés años después del inicio de las obras. Parejos en la desidia de la administración central del Estado son también los presupuestos de la Generalitat Valenciana, que tan solo aportan un total de 5 millones de euros, cantidad insuficiente que contrasta con los 14,2 millones de euros que se dedican al IVAM, evidenciando con ello un tremendo desequilibrio entre los recursos destinados al arte clásico y al contemporáneo, fruto de los absurdos complejos de nuestra clase política que todavía no ha superado el mal entendido concepto de "modernidad".

Es sorprendente que mientras se cierra el grifo a la financiación pública se descuide la contribución privada, cuando hay un interés creciente por parte de algunas grandes empresas por participar económicamente en las actividades desarrolladas por el Museo, este es el caso de La Caixa, Caja Madrid, Ibercaja, BBVA, Caja Duero o Iberdrola, que ya han financiado en los últimos años un buen número de exposiciones temporales y restauraciones. Estas mismas empresas, junto con otras más vinculadas con los intereses valencianos, participarían de buen grado como patronos de contemplarse esta posibilidad en un nuevo marco estatutario del Museo. Asimismo, el peso específico de las cajas valencianas, Bancaja y CAM, debería ser notablemente mayor, y más cuando la primera entidad figura como patrocinadora del Museo Reina Sofía de Madrid y la segunda en la categoría de colaboradora del MNAC de Barcelona.

Consiguientemente, es urgente arbitrar una nueva fórmula jurídica para que el Museo de Bellas Artes de Valencia -que debería ser establecido por ley como cabecera de los museos valencianos, al igual que lo es el MNAC en Cataluña- se convierta en un instituto, fundación o consorcio de carácter autónomo, que no esté sometido a los caprichos del Conseller de turno, como se evidenció recientemente con la arbitrariedad de no convocar al patronato del Museo de Bellas Artes durante más de un año, contraviniendo la obligación estatutaria de reunirse cada tres meses. Son ya demasiados los desplantes, las dilaciones y las promesas electorales incumplidas -a las que se suma el sospechoso silencio de la oposición- para que la imagen del Museo no se deteriore y pierda la oportunidad histórica que se le brinda en estos momentos. Esperemos que se imponga la cordura y en los futuros programas electorales se asuma definitivamente una nueva realidad administrativa para el Museo de Bellas Artes de Valencia, ambiciosa y capaz de optimizar nuestros recursos económicos y culturales.

Publicado en Levante-emv, 5/10/2006, p. 4